Tema 4: Análisis y valoración de las medidas desamortizadoras. 2º BAH HISTORIA DE ESPAÑA

 

1. INTRODUCCIÓN.

            Durante el siglo XIX la agricultura fue la actividad más importante de la economía española, tanto por la población activa empleada (dos tercios del total) como por el volumen de riqueza generada. Sin embargo, hasta finales de siglo el campo español soportó una permanente situación de atraso como consecuencia de una desigual distribución de la tierra, de la ausencia de innovaciones tecnológicas y de los bajos rendimientos, todo ello sobre la base de unas condiciones físicas especiales (suelos y clima) que obstaculizaban el desarrollo del sector agrario en nuestro país. Por ello, era imprescindible poner en marcha una serie de medidas que transformaran la agricultura y la adaptaran al nuevo sistema económico capitalista.

            Paralelamente a la instauración en España del Estado liberal se lleva a cabo, especialmente por los gobiernos progresistas, un proceso de transformación de la agricultura, que afectó fundamentalmente a la estructura de la propiedad de la tierra, quedando atrás las innovaciones técnicas e, incluso, de gestión.

   En la España del Antiguo Régimen la propiedad de la tierra se repartía de forma desigual, acaparando gran cantidad de tierras los estamentos privilegiados (nobleza y clero), en tanto que una inmensa masa de campesinos carecía de ellas. Tierras que, por otro lado, y debido a la existencia de determinadas trabas jurídicas, no podían venderse (bienes amortizados). Así, las propiedades pertenecientes a la nobleza estaban sujetas al mayorazgo, que impedía su división y enajenación. En cuanto a las propiedades de la Iglesia, considerada ésta como propietario colectivo, tampoco podían venderse pues eran definidos como “bienes de manos muertas”. En situación similar se encontraban los bienes de otro propietario colectivo: los municipios; dueños de bienes aprovechados comunitariamente por los vecinos (comunales) o explotados por el Ayuntamiento, para su administración (propios).  Los ilustrados del siglo XVIII consideraron que esta forma de propiedad era poco racional e impedía una explotación y unos rendimientos mayores; por ello denominaron a estas instituciones propietarias de la tierra manos muertas.

Evidentemente, la cantidad de tierra que podía circular por el mercado era escasa y la posibilidad de acceder a su posesión y, con ello, de modificar la estructura de la propiedad reducida.

            Con el liberalismo económico surge un nuevo concepto jurídico de los derechos de propiedad, entendida como individual, privada y plena (dominio pleno), esencial dentro de la nueva organización burguesa y capitalista de la economía, e incompatible con la confusa concepción  feudal (domino directo y dominio útil). Por ello, era necesario eliminar las trabas, limitaciones y servidumbres (señorío, mayorazgo, bienes comunales, manos muertas...) que impedían el desarrollo del nuevo tipo de propiedad y la venta de determinados bienes en el mercado libre. 

Con este fin, los gobiernos liberales, especialmente los progresistas, emprendieron un conjunto de medidas tendentes a liberar la tierra de las trabas que imponía el Antiguo Régimen al desarrollo de la propiedad privada y de la economía de mercado. 

En primer lugar, la abolición del régimen señorial o señoríos jurisdiccionales, proceso iniciado en Cádiz y concluido en 1837, que significaba acabar con los derechos jurídicos que los señores poseían sobre sus vasallos, al tiempo que se convertía en propiedad particular y libre las tierras que ocupaban. De esta manera, los señores se convertían en propietarios plenos de sus bienes.

En segundo lugar, la desvinculación o supresión de los mayorazgos, o sea, la liquidación de las limitaciones jurídicas a la libre disposición sobre los bienes por parte de los nobles. Esta medida, aunque iniciada en Cádiz y planteada durante el trienio liberal (1820-23), no se hizo efectiva hasta el año 1841. Con ella, los bienes de la nobleza eran declarados libres y, por tanto, podían ser vendidos por sus titulares.

Y, por último, la desamortización, es decir la venta de bienes en manos de la Iglesia (bienes eclesiásticos) y de los Ayuntamientos o municipios. Desamortización es el acto jurídico en cuya virtud los

bienes amortizados dejan de serlo, volviendo a tener condición de bienes libres de propiedad ordinaria particular. Distíngase entre desvinculación y desamortización. Por la primera, se hacen libres de sus mismos poseedores, como sucede con los mayorazgos. Por la segunda, sus poseedores los pierden, pasan al Estado, bajo cuyo dominio son bienes nacionales; el Estado los vende a particulares, y al adquirirlos los compradores se hacen bienes libres. 

Con estas medidas, los liberales no pretendían realizar una reforma agraria que mejorara la situación social del campesinado, sino la liberalización del mercado de la tierra, que pasó a ser una mercancía que podía ser vendida y comprada libremente, y la eliminación de los obstáculos que impedían el desarrollo del capitalismo en la agricultura. No obstante, los historiadores han calificado a este proceso desamortizador como la “reforma agraria liberal”.

 Aquí os dejo un podcast sobre las desamortizaciones del profesor inquieto

2. DESARROLLO:

 

2.1 OBJETIVOS.

 

a.      FISCALES: el objetivo fundamental de las sucesivas desamortizaciones del siglo XIX fue recaudar fondos para solucionar los problemas de la Hacienda Pública: hacer frente a los gastos ocasionados por las guerras (contra Francia, carlistas), realizar  inversiones públicas (trazado del ferrocarril), y pagar la deuda pública.

b.      POLÍTICOS: crear una masa de propietarios ligados al nuevo régimen liberal.

c.       ECONÓMICOS: se pensaba que modernizando la estructura de la propiedad de la tierra se producirían transformaciones agrarias, que facilitarían el desarrollo económico y la revolución industrial (objetivo que no se consiguió), al tiempo que se incrementaba el número de contribuyentes.

d.      SOCIALES: se pretendía reformar la estructura de la propiedad al sentar las bases para la aparición de una amplia capa de medianos propietarios, que rompiera la tradicional dicotomía latifundismo/minifundismo. Al igual que los objetivos económicos, éste tampoco se logró; por el contrario se acentuó la concentración de tierras.

2.2 ANTECEDENTES.

Ya  durante el siglo XVIII, en el reinado de Carlos III, apareció la críti­ca a la amortización de bienes raíces, tanto eclesiásticos como vincu­lados de la nobleza o comunales de los ayuntamientos. Los ilustrados la consideraban como la principal causa del estancamiento agrario, y proponían detener la amortización e incluso suprimirla. Pero la Corona se opuso con los mismos argumentos políticos y religiosos que utilizaban la nobleza y la Iglesia.

Fue a partir de 1795, durante el reinado de Carlos IV, con Godoy como valido, cuando la polí­tica belicista del gobierno (Guerra de la Convención contra Francia) y el consiguiente crecimiento de la deuda pública obligaron al ministro a iniciar la desamortización. En 1798 el gobierno declaró en venta los bienes de una serie de institutos eclesiásticos, destinando los fondos obtenidos a amortizar la deuda e indemnizar a la Iglesia con el 3% anual del producto de las ventas. Entre 1798 y 1805 se vendieron tierras por valor de 1.600 millones de reales, en total la sexta parte del patrimonio de la Iglesia, pero en vez de destinar el dinero a su fin inicial, se gastó en nuevas campañas militares. El resultado es que en 1808 la deuda ascendía a 7.000 millones, mientras que se había eliminado la asistencia social a enfermos, ancianos y marginados sociales, asistencia que la Iglesia financiaba con las rentas de esas tierras y que el Estado no cubría, lo que condenó a esos colectivos a la miseria.

Durante la Guerra de la Independencia tanto el gobierno de José I Bonaparte como las Cortes de Cádiz realizaron una legislación paralela de supresión de conventos y órdenes religiosas y de puesta en venta de sus propiedades, destinando el producto a amortizar la deuda del Estado. La restauración del absolutismo en 1814 significó la anulación de las exclaustraciones (expulsión de los monjes y monjas de sus conventos) y la devolución de los bienes vendidos a sus dueños.

En el Trienio Liberal volvieron a entrar en vigor las leyes de las Cortes de Cádiz: se aprobó el Decreto de supresión de monacales (octubre de 1820) y se emprendió la desamortización de bienes de pro­pios y baldíos. Una buena parte de los bienes de los conventos fue ven­dida, principalmente, a inversores burgueses. Pero en 1823 retornó el régimen absolutista, y Fernando VII restituyó los bienes ven­didos, lo que provocó la indignación de los compradores, que desde entonces pasaron a apoyar al liberalismo y a enfrentarse al Rey.

 Sin embargo, fueron las medidas desamortizadoras realizadas por Juan Álvarez de Mendizábal (1836-1837) y Pascual Madoz (1855) las que tuvieron mayor repercusión en la Historia de España.

 

2.3. LA DESAMORTIZACIÓN DE MENDIZÁBAL.

A partir de 1833 el proceso de desamorti­zación se precipitó por varias causas:

a.      la guerra contra los carlistas obli­gaba al Estado a obtener recursos en un momento en que las arcas estaban vacías.

b.      los liberales progresistas alentaron en todo el país un radical anticlericalismo, basándose en que el clero apoyaba al bando carlista: los asaltos a conventos, los incendios, pro­fanaciones y matanzas fueron frecuentes en los años 1834 a 1836.

c.       los antiguos compradores de bienes desamortizados en el Trienio presiona­ban al gobierno para que les devolvieran sus bienes. Hombres ricos, que formaban un grupo poderoso e influyente, esencial para el bando liberal-cristino.

Por todo esto no es extraño que los gobiernos liberales fueran poco a poco avanzando hacia la desamor­tización: confiscación de bienes de los conventos destruidos (1834), reintegro de sus bienes a los com­pradores del Trienio (1835) y decreto de exclaustración general (1836), que no hizo sino legalizar lo que ya se había producido: el abandono masivo de los conven­tos, ante el miedo de los frailes a los asaltos populares. El resultado es que sólo subsistieron 300 de los 2000 conventos existentes.

En esta situación se publicó la primera de las dos grandes leyes de desamortización de la revolución liberal, la de Mendizábal, la desamortización del clero. En febrero de 1836 se declaraban en venta todos los bienes pertenecientes al clero regular, destinándose los fondos obtenidos a la amortización de la deuda pública. El decreto formaba parte de un programa que perseguía ganar la guerra allegando fondos y tropas, restaurar la confianza en el crédito del Estado y, a largo plazo, permitir una reforma de la Hacienda. Mendizábal, en el preámbulo del decreto, exponía otros objetivos básicos de la desamortización: sanear la Hacienda reduciendo la deuda, conseguir el acceso a la propiedad de sectores burgueses, que mejorarían la producción y la revalorizarían, y crear un sector social de nuevos propietarios vinculados al régimen y al bando cristino.

Las victorias de los liberales sobre los carlistas hicieron irreversibles las ventas y, además, desde agosto de 1841, bajo la regencia de Espartero, se desamortizaron también los  bienes del clero secular. En total, entre 1836 y 1844, se habían vendido propiedades por valor de 3.274 millones de reales, quedando aún por vender bienes expropiados por valor de 910 millones, de los que tres cuartas partes pertenecían al clero secular. Se había desamortizado el 62% de las propiedades de la Iglesia.

Las fincas fueron tasadas por peritos de Hacienda y subastadas después, alcanzando una puja media del 220% sobre el precio de sali­da. Dado el distinto tamaño de los lotes, eran en teoría asequibles para grupos sociales de bajos ingresos, pero en la práctica los propietarios y los inversores burgueses acapararon las compras, puesto que eran los únicos que tenían liquidez y podían controlar fácil­mente las subastas. Además, comprar era un excelente negocio: sólo se abonaba el 20% al contado, el resto se pagaba aplazado y se admi­tían para el pago los títulos de deuda por su valor nominal. Como esta­ban muy desvalorizados en el mercado, adquirirlos en bolsa y pagar con ellos era una ganga para el comprador.

Un proceso tan perjudicial para los intereses del Estado no era consecuencia de un error de cálculo. Mendizábal sabía que la admisión para el pago de títulos por su valor nominal produciría esa situa­ción. Es cierto que podría haberse llevado adelante una desamortización con mayores beneficios para el Estado, e incluso que podría haberse aprovechado para repartir la tierra entre los campesinos, iniciándose así un proceso de reforma agraria. Así lo sugirió el diputado Flórez Estrada en un artículo de prensa editado a los pocos días de publicarse el decreto. En él proponía que el Estado arrendara las tie­rras a los campesinos y dedicara la renta a pagar la Deuda, lo que garantizaría los pagos, satisfaría las peticiones campesinas y serviría para crear la masa adicta a Isabel II que propugnaba Mendizábal.

El resultado es que sumando lo vendido en el Trienio y en el pe­ríodo 1836-1851, el Estado recau­dó unos 4.500 millones de reales, de los que sólo 500 lo fueron en dine­ro, cuando la deuda ascendía ya por entonces a unos 14.000 millones. 

2.4 LA DESAMORTIZACIÓN DE MADOZ (1855).

Fue uno de los puntos programáticos del Bienio Progresista. Establecía la venta en subasta pública de toda clase de propieda­des rústicas y urbanas pertene­cientes al Estado, a la Iglesia, los propios y baldíos de los ayuntamientos y, en general, todos los bienes que permanecieran amortizados. Se trataba, por tanto, de completar y terminar el proceso de desa­mortización iniciado por Men­dizábal en 1836.

A diferencia de éste, la Ley Madoz se desarrolló a gran velocidad. Entre 1855 y 1856 se subastaron más de 43.000 fin­cas rústicas y unas 9.000 urbanas, por un valor cercano a los 8.000 millones de reales, mediante el pago de un 10% de entrada y el resto aplazado, y admitiéndose sólo el abono en efectivo. El volumen de dinero acumulado se destinó a amortizar la deuda y a cubrir las necesidades de la Hacienda tras la abolición del impuesto de consumos (artículos de primera necesidad) decretada en los días del golpe militar de 1854, así como a la construcción del ferrocarril.

Las consecuencias de esta segunda desamortización fueron la eliminación de la propiedad comunal y de lo que quedaba de la eclesiástica, lo que provocó, en el primer caso, un agrava­miento considerable de la situa­ción económica del campesinado, y en el segundo una ruptura de las relaciones con la Iglesia, ante la flagrante violación del Concordato firmado en 1851.

 

2.5 CONSECUENCIAS Y VALORACIÓN DE LA DESAMORTIZACIÓN. 

1. Produjo una radical transformación de la propiedad agraria. A finales del siglo XIX estaba consolidada la propiedad privada e individual en España.
2. El desmantelamiento completo de las propie­dades de la Iglesia y de su base económica. La separación Iglesia-Estado se acentuó y desde octubre de 1836 se produjo una ruptura entre ambos, sólo resuelta tras la firma del Concordato de 1851, por el que el Estado sufragaría las necesidades de la primera (ente otras medidas, recogía la Contribución de culto y clero establecida en 1845). La Iglesia había dejado de ser un estamento privilegiado, aunque conservaba su influencia en las mentalidades y en la educación.
3. La desamortización no resolvió el problema de la deuda, pero sí contribuyó a atenuarlo. Aunque se recaudó menos dinero del previsto, al pagarse la mayor parte de las compras con títulos de deuda pública (desamortización de Mendizábal), se consiguió rescatar 5.000 millones de reales de los 14.000 acumulados y se pusieron a tributar una enorme canti­dad de propiedades que hasta entonces habían permanecido exentas, aumentando así los ingresos de la Hacienda.
4. No produjo un aumento de la producción agraria, contra lo que pretendían sus promotores. Los nue­vos propietarios, en general, no emprendieron mejoras, sino que se limitaron a seguir cobrando las rentas y las incrementaron mediante ventajosos contratos de arrendamientos. Muchos de los nuevos propietarios vivían en las ciudades, completamente ajenos a los problemas agrícolas. El escaso desarrollo agrario impidió una profunda revolución industrial.
5. Provocó un refor­zamiento de la estructura de la propiedad de la tierra: acentuó el lati­fundismo en Andalucía y Extremadura. Las tierras y las fincas urbanas fueron a parar a los antiguos terratenientes locales, a nuevos inversores de la burguesía financiera, industrial o profesional (sobre todo abogados), a especuladores e intermediarios, que traficaron con las tierras o con los títulos de deuda que suministraban a los compradores. Unos y otros, amigos de políticos, caciques o viejos señores, constituirán la nueva elite terrateniente que detentará el poder durante el reinado de Isabel II ya sea en el partido moderado o en el progresista, y por tanto plenamente identificados con el régimen liberal, tal y como había previsto Mendizábal. Políticamente, por tanto, se creó una masa de propietarios adictos al régimen liberal.
6. Los que desde luego no compraron, en general, fueron los cam­pesinos: o no recibían información de las subastas, o no sabían pujar,  o no tenían dinero para hacerlo. Cuando lo intentaron se encontraron con lotes demasiado grandes, pujas muy altas o subastas amañadas por los potentados locales, frecuentemente en connivencia con quienes presidían las subastas.
7. En las ciudades ocurrió lo mismo. Como la mayoría de los inmuebles (conventos, iglesias, etc.) estaba en el centro urbano, la desamortización contribuyó a un urbanismo discriminador. La alta burguesía acaparó los mejores edi­ficios del centro, excluyendo a las clases medias, confinadas en las viejas viviendas, y dejando para los obreros los arrabales de la peri­feria.
8. Supuso la destrucción y la pérdida de un riquísimo patrimonio cultural imposible de evaluar: edificios, cuantiosas obras de arte, riquísimas bibliotecas y archivos, etc.. Además, con los conventos desapareció la asistencia hospitalaria, de acogida (orfanatos, asilos de ancianos) y educativa que prestaban a los sectores de la sociedad más desfavorecida.
9. Los perjudicados fueron la Iglesia, que perdió su base económica, los ayuntamientos y los campesinos, ya que con la desaparición de los bienes de propios y comunales perdieron una de sus fuentes de su sustento.
10. Socialmente se consolidó el protagonismo de la burguesía y, sobre todo, originó la aparición de un nuevo y numeroso grupo social, los jornaleros, que en zonas de latifundio iban a ser una fuente de problemas durante todo el siglo XIX y parte del XX.

 

3. CONCLUSIÓN:

En definitiva, la desamortización no satisfizo las grandes esperanzas de realizar una profunda reforma agraria, ni condujo a la industrialización. Pero fue imprescindible hacerla dadas las dificultades de consolidación de un régimen liberal amenazado por los partidarios del Antiguo Régimen, y con unos ingresos fiscales absolutamente insuficientes para hacer frente a los gastos.

Aquí os dejo el tema en un enlace de word

TEMA 4